El Tribunal Supremo ha puesto negro sobre blanco algo que muchos intuíamos: no existen intentos indefinidos para repetir liquidación tributaria. La Sentencia 1201/2025, de 29 de septiembre (recurso 4123/2023), fija doctrina y cierra la puerta a que la Administración intente una tercera (o ulterior) liquidación tras anularse las dos primeras. Solo cabe un segundo acto para ejecutar lo ordenado por el órgano revisor; nada más.
Lo que la Sala Tercera recuerda es que la conocida doctrina del “doble tiro” permite una segunda liquidación en sustitución de la anulada (formal o materialmente), pero prohíbe una tercera o sucesivas, “bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia”. El fundamento: buena administración, buena fe, seguridad jurídica y proscripción del abuso. Traducido: la Administración no puede equivocarse una y otra vez hasta acertar, en perjuicio del contribuyente.
El caso venía de Galicia (ISD) y la sentencia de instancia abría la puerta a una cuarta liquidación; el Supremo estima la casación y anula los actos impugnados, fijando expresamente la doctrina jurisprudencial en dos puntos:
- Solo cabe un segundo acto para cumplir la resolución revisora
- No es lícito dictar un tercero aunque el segundo adolezca de cualquier vicio, formal o material.
Esta sentencia tiene una especial relevancia por los siguientes motivos:
- Más seguridad jurídica: se acabó el “tiro sin límite”. Si la segunda liquidación vuelve a estar mal, no hay una tercera oportunidad.
- Equilibrio de cargas: en un sistema basado en autoliquidaciones, no tiene sentido tratar con más rigor al contribuyente que a la Administración cuando esta yerra.
- Aplicable a todo el sistema tributario: aunque el pleito sea de Sucesiones, la doctrina opera con carácter general en gestión y revisión.
Por lo tanto, y teniendo esto en cuenta es muy importante los siguientes aspectos en este tipo de situaciones:
- Cronología al detalle: si estás ante una segunda liquidación tras anulación, vigila plazos y alcance de lo ordenado por el revisor; el segundo acto debe ceñirse a ello.
- Invoca principios: además de la literalidad, articula buena administración, buena fe, seguridad jurídica y cosa juzgada administrativa.
- Estrategia procesal: si la Administración insiste tras dos intentos, pide anulación total de los actos posteriores; el veto al “tercer tiro” basta para resolver.
